Petro: La promesa incumplida
En 2022, Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia con la ambiciosa promesa de una “Paz Total”, buscando negociar simultáneamente con todos los grupos armados ilegales. Sin embargo, tres años después, el país enfrenta una escalada de violencia, desconfianza en las instituciones y un proceso de paz que ha demostrado ser más una ilusión que una solución efectiva.
El viraje militar: Reconociendo el fracaso
El 18 de abril de 2025, el gobierno colombiano anunció un cambio significativo en su política de seguridad, pasando de priorizar negociaciones de paz a intensificar acciones militares contra grupos armados ilegales. Este giro se evidenció con la decisión de no renovar el cese al fuego con el Estado Mayor de los Bloques (EMB), una de las principales disidencias de las FARC. Además, se han retomado bombardeos y ofensivas terrestres, reflejando un aumento del 70% en operaciones militares entre enero y abril de 2025, casi la mitad del total de bajas anuales del año anterior.
El ELN y la ruptura definitiva
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los principales actores en el conflicto armado colombiano, ha declarado públicamente el fracaso de la “Paz Total”, cerrando la puerta a nuevos diálogos con el gobierno de Petro. Comandantes del ELN han criticado duramente al presidente, acusándolo de incumplir promesas y de utilizar el proceso de paz con fines electorales.
El Catatumbo: Epicentro de la violencia
La región del Catatumbo ha sido testigo de una intensificación del conflicto, con enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC que han dejado más de 100 muertos y miles de desplazados. El gobierno ha declarado el estado de conmoción interior en la zona, pero la violencia persiste, evidenciando la falta de control estatal y la presencia dominante de grupos armados ilegales.
La idea petrista de paz: Una estrategia fallida
La “Paz Total” de Gustavo Petro, lejos de traer estabilidad, ha sumido a Colombia en una nueva ola de violencia y desconfianza. La falta de resultados concretos, la persistencia de grupos armados y la creciente militarización reflejan el fracaso de una estrategia que careció de realismo y efectividad. Colombia necesita una política de seguridad que combine firmeza con justicia, y que priorice la protección de sus ciudadanos sobre las utopías ideológicas.