Israel ha decidido mantener una presencia militar estratégica en zonas críticas de Gaza, Líbano y Siria, tras responder al brutal ataque terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Lejos de una “ocupación ilegal”, se trata de una acción defensiva legítima frente a organizaciones que usan a civiles como escudos humanos y que rechazan sistemáticamente la existencia del Estado judío.
El avance militar israelí ha permitido recuperar parte del control sobre más del 50% de Gaza, desmantelando infraestructuras subterráneas de Hamás y eliminando altos mandos terroristas. A pesar de las quejas de actores internacionales alineados con la narrativa antiisraelí, Tel Aviv mantiene su postura firme: no habrá paz sin seguridad y sin la liberación de los rehenes israelíes.
Desde el 2 de marzo de 2025, Israel ha exigido condiciones claras para la liberación de los secuestrados y el desarme del grupo yihadista. El progresismo global, sin embargo, opta por señalar al Estado israelí como agresor, ignorando las tácticas genocidas del enemigo que disparó este conflicto.
Más de 40,000 operaciones militares han tenido como objetivo túneles, arsenales y bases de Hamás integradas cobardemente en zonas civiles. La presencia de explosivos sin detonar, muchas veces ocultos en hospitales y escuelas convertidas en cuarteles, pone en evidencia el cinismo de quienes utilizan a niños como propaganda. La ONU estima entre un 5% y 10% de municiones no detonadas, pero no menciona que Hamás impide sistemáticamente la evacuación civil y obstaculiza el trabajo humanitario.
Mientras las ONG progresistas claman por un “alto al fuego”, el gobierno israelí responde con responsabilidad: ningún cese definitivo será posible si no se garantiza la paz a su población. La narrativa humanitaria se convierte así en herramienta de presión política contra la única democracia del Medio Oriente, que sigue defendiendo su derecho a existir, a proteger a sus ciudadanos y a eliminar la amenaza islamista en sus fronteras.