En los últimos años se ha vuelto común —y profundamente peligroso— escuchar expresiones como “el internet es un derecho humano”, “la vivienda gratuita es un derecho humano”, “el transporte público debe ser un derecho”, o “el acceso a servicios de salud es un derecho humano”. Esta retórica emocional y demagógica ha convertido a los derechos humanos en una lista de compras imposible de costear, tergiversando por completo su naturaleza original.
Los derechos humanos, en su concepción clásica, son libertades negativas: el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de expresión, de conciencia, de asociación. Todos ellos requieren abstención del Estado, no acción. Es decir, obligan al gobierno a no interferir, a no agredir, a no censurar. No cuestan dinero. Son inherentes al individuo por el solo hecho de ser persona.
Convertir productos y servicios —que implican costos, infraestructura, mano de obra, logística y recursos limitados— en “derechos” equivale a establecer esclavitud legalizada de facto. ¿Por qué? Porque si algo es un “derecho” exigible, entonces alguien más está obligado a proveerlo. Así, si la educación, la salud, la vivienda, el agua, la energía o el transporte son definidos como “derechos humanos”, entonces los médicos, ingenieros, constructores o empresarios deben convertirse en siervos del Estado, compelidos a satisfacer las necesidades ajenas sin límite ni contraprestación justa.
Esta es la trampa conceptual del llamado “enfoque de derechos” promovido por el progresismo internacional y las burocracias globalistas como la ONU. Detrás de su lenguaje amable se oculta una doctrina colectivista que anula la libertad individual y subordina los recursos de todos a la planificación central del Estado. Es una receta segura para el empobrecimiento y la tiranía.
No hay tal cosa como “derecho a internet” o “derecho al transporte gratuito”. Lo que existe es la libertad de contratar servicios, de emprender soluciones privadas, de intercambiar valor. En una sociedad libre, los derechos no son listas de deseos convertidos en deuda pública; son límites al poder, no excusas para expandirlo.
Nombrar servicios como derechos humanos no eleva la dignidad humana: la degrada, porque infantiliza a los ciudadanos, crea expectativas imposibles y destruye los incentivos para la producción. La verdadera justicia no consiste en garantizar resultados iguales, sino en proteger reglas justas. La igualdad ante la ley, no la igualación de condiciones, es el fundamento de la libertad.
El lenguaje importa. Y cuando se pervierte la noción de “derecho” para justificar cualquier capricho político, se abre la puerta a la tiranía en nombre de la compasión. Por eso es necesario desmontar esta narrativa antes de que destruya lo poco que queda del orden y las libertades.